El Consejo acuerda la formulación de la nueva política, que cuenta con una financiación europea de 50 millones de euros en los próximos tres años
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la elaboración de la Estrategia para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación (CPI) en la Administración Pública de la Junta de Andalucía. El documento establecerá las bases para poner en marcha esta fórmula de licitación, que actúa mediante la demanda de servicios y productos avanzados que no se encuentran aún disponibles en el mercado a partir de la detección de una necesidad. La comunidad autónoma cuenta para ello con un presupuesto de 50 millones de euros, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), hasta finales de 2020.
La CPI contribuye a impulsar mercados innovadores, apoyar el desarrollo empresarial y a sumar a las empresas el potencial innovador de los agentes del conocimiento, como las universidades y los centros de investigación, además de mejorar los servicios públicos a través de la I+D+i.
En los próximos tres años se prevé la adquisición por parte del sector público andaluz de un mínimo de 14 bienes o servicios innovadores. En lo relativo al porcentaje de empresas que realizan innovaciones tecnológicas, se marca como objetivo elevarlo desde el 10% de 2015 hasta el 17,5% en 2023, año en el que se cierra la ejecución de los proyectos previstos en el marco del Feder. La Junta ha consignado una partida de 10 millones de euros para este fin en 2018.
Actualmente, la Consejería de Economía y Conocimiento cuenta con un informe en el que se han detectado 168 necesidades tecnológicas de productos y servicios en la Junta de Andalucía que pueden lograr una mejora en la gestión de la Administración y en la atención a la ciudadanía, y para las que aún no se han creado herramientas adecuadas. Este diagnóstico servirá de documento de partida a la hora de elaborar la estrategia, que se gestará en este año con el fin de poner en marcha las primeras compras en áreas fundamentales como medio ambiente, agricultura, salud, asuntos sociales o fomento.
Las soluciones más demandadas se relacionan con tecnologías big data, sensores, reciclaje de materiales y residuos, aplicaciones y plataformas TIC y sistemas de gestión de la información, así como pseudosatélites (Hapsa) o drones. A diferencia de la licitación convencional, con la CPI la Administración tiene que especificar el desarrollo futuro del producto o servicio que necesita y sus características.
La Estrategia para el Impulso y Consolidación de la CPI en la Administración Pública de la Junta de Andalucía cuenta con un presupuesto de 50 millones.
La planificación que ahora inicia el Consejo se alineará con la Estrategia de Innovación RIS3 Andalucía para la especialización inteligente de la comunidad autónoma y con el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). Su contenido incluirá medidas para el impulso de esta fórmula, un sistema de indicadores y un escenario económico financiero, entre otros aspectos.
El texto será elaborado por iniciativa de la Consejería de Economía y Conocimiento a través de un grupo de trabajo y una comisión de redacción coordinada por la Agencia Andaluza del Conocimiento y con representación de los distintos departamentos de la Junta y de expertos en CPI. Tras la evaluación de su conformidad con la planificación económica regional, la aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno.
El impulso a la CPI a través de esta estrategia permitirá a la Administración autonómica mejorar sus servicios, dinamizando al mismo tiempo la I+D en sectores económicos claves, tanto consolidados como emergentes.