El consejero de Economía y Conocimiento ha presentado la norma en el Parlamento andaluz durante el debate de enmiendas a la totalidad
El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha asegurado que la Ley de Fomento del Emprendimiento (LAFE) nace para garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de emprender, eliminando obstáculos relacionados con la procedencia económica o social, el género, la edad o la ubicación territorial de la persona que quiera poner en marcha un proyecto empresarial.
Ramírez de Arellano, que ha presentado el proyecto de Ley en el Parlamento andaluz durante el debate de enmiendas a la totalidad, ha asegurado que la nueva norma supone un “cambio de paradigma” en la forma en la que se fomenta el emprendimiento, definiendo un Sistema Andaluz de Emprendimiento que coordinará las políticas de la Junta y prestará un total de 15 servicios considerados “clave” para que una idea pueda desarrollarse, consolidarse y generar riqueza en forma de empleo.
Dichos servicios, que redefinen el rol de la Administración, “se reconocen como una cartera de asistencia a los emprendedores” y se han diseñado para atender las diferentes necesidades a lo largo del proceso de gestación, definición, puesta en marcha y consolidación de una empresa.
Esta ley concibe el emprendimiento como una oportunidad que debe ejercerse en igualdad de condiciones y “apoya a los emprendedores como una nueva realidad social que no debe confundirse con formas de subempleo rechazables”. Su objetivo es que “ninguna buena idea se pierda por falta de oportunidades” logrando que el emprendedor mejore sus expectativas de éxito “en base a la formación y al respaldo estructural” que se le proporcione, ha explicado Ramírez de Arellano.
El consejero ha asegurado que “no se trata de una ley sectorial, ni de autónomos, ni de cooperativas, ni tampoco está dirigida a repartir subvenciones” sino de una ley “que habla de empleo” y que ordena y define claramente “a qué tienen derecho los ciudadanos” y qué mecanismos se van a poner en marcha desde la Junta de Andalucía para hacer efectivos esos derechos.
El texto normativo responde a las premisas establecidas en la Agenda por el Empleo para fomentar la creación de puestos de trabajo de calidad y es fruto de un diagnóstico riguroso del tejido productivo andaluz y de sus necesidades y oportunidades. En este sentido, se ha considerado imprescindible incluir canales para conectar las nuevas empresas con los centros de innovación –dado que la mejora continua es esencial para garantizar la competitividad de forma sostenida- y las empresas tractoras de los distintos sectores productivos.
El proyecto de Ley se organiza en un título preliminar de disposiciones generales, cuatro títulos -estructura de apoyo al emprendimiento, sectores específicos, fomento de la cultura emprendedora y plan general- desgranados en 25 artículos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales.
Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, será la encargada de prestar los servicios definidos en la ley, para lo que cuenta con la red de Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), con incubadoras de empresa. El consejero ha asegurado que la LAFE pretende “ser inclusiva y de consenso”, por lo que se promoverá la participación en el Sistema Andaluz del Emprendimiento de todos los agentes que pueden intervenir en el proceso de creación, apoyo y acompañamiento a una empresa, desde corporaciones locales a cámaras de comercio, agentes sociales o universidades.
El proyecto de ley también prevé la creación de una serie de instrumentos complementarios de apoyo, entre los que se encuentran el Portal Andaluz del Emprendimiento, que ejercerá de ‘ventanilla única’ ya que desde ella se podrán realizar los trámites vinculados a la creación de empresas y al inicio de la actividad económica; un Mapa de Servicios y Procedimientos para Emprender o la progresiva reducción y eliminación de trabas administrativas, entre otras medidas.
Emprendimiento rural
El consejero ha destacado que el proyecto de Ley presta especial atención a dos modelos de emprendimiento: el rural y la economía social. En el primero, con el que se persigue eliminar desigualdades territoriales, contempla la realización de un estudio para la clarificación de zonas rurales, con el fin de detectar necesidades específicas en cada área en función de las cuales se crearán microprogramas rurales para emprender. Asimismo, se creará el Estatuto de la Persona Emprendedora Rural.
En este ámbito se pretende hacer más atractivas las actividades del medio rural, mejorar la formación en sectores de interés estratégico, potenciar el emprendimiento en yacimientos de empleo verde y con altos niveles de cualificación, potenciar el uso de las TIC -en especial para facilitar el acceso a mercados-, potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales e impulsar el comercio rural vinculado al sector artesano, además de reforzar el trabajo de las estructuras ya existentes en el entorno rural.
En cuanto al emprendimiento en el ámbito de la economía social –donde destacan las cooperativas-, se pretende potenciar la innovación y la aplicación de soluciones prácticas, impulsar la diversificación de sus actividades, mejorar el acceso a fuentes de financiación, elevar los niveles de formación y atraer iniciativas con altos niveles de cualificación, así como impulsar la creación de redes y de espacios compartidos de cooperación.
El instrumento organizativo para poner esta ley en marcha será el Plan General de Emprendimiento, que será la herramienta básica de planificación, coordinación y ejecución de acciones. El documento tendrá carácter cuatrienal, estará consensuado con los agentes económicos y sociales y en él se definirán las prioridades de acción, los programas específicos sectoriales, así como los objetivos a alcanzar y los indicadores de seguimiento que permitirán su evaluación.
Cartera de servicios
En cuanto a la cartera de servicios, entre los 15 existentes destacan por su novedad el llamado de segunda oportunidad, para personas que han tenido experiencias fallidas anteriores, algo que ahora se concibe como el resultado del proceso de formación del emprendedor; asesoramiento a mujeres, el enfocado a jóvenes menores de 35 años, así como los específicamente orientados a aquellas iniciativas innovadoras de alto valor social y potencial de crecimiento que surjan en las universidades andaluzas (tanto por parte de estudiantes como de investigadores o docentes).
Otra novedad es el servicio de acceso a la innovación tecnológica, que tiene como objetivo conectar a los emprendedores con la investigación que se desarrolla en el sistema de I+D+i de la comunidad autónoma (del que forman parte universidades o centros especializados); el de apoyo al acceso a la financiación, facilitando el acceso al crédito y a fórmulas de microcrédito; y el de intraemprendimiento, enfocado a promover el nacimiento de iniciativas en el seno de administraciones, organizaciones o empresas.
Respecto al resto de servicios, se encuentran los de consultas, evaluación de propuestas, planes de empresa, consultoría-formación, tutorización de proyectos, incubadoras, y especializados de apoyo a iniciativas de emprendimiento colectivo o en economía social.
Programa de formación
Otra de las iniciativas destacadas de la LAFE es la creación del Programa Andaluz de Formación para Emprender, un plan que será diseñado con la colaboración de las consejerías competentes en formación profesional reglada y formación profesional para el empleo, así como con las universidades andaluzas.
Dicho programa tendrá como fin desarrollar las capacidades, las habilidades y el conocimiento necesarios para llevar a cabo iniciativas empresariales, innovadoras y creativas. Junto a ello, el nuevo marco regulador asegurará la continuidad de los programas de fomento y difusión de la cultura emprendedora que actualmente se llevan a cabo en todos los niveles del sistema educativo, desde la enseñanza primaria a la universitaria.